Diputados aprobó el acuerdo con la empresa de Manzano para reactivar PRC

La operatoria entre el Gobierno provincial y Compañía Minera Aguilar Potasio S.A, de la que participa el empresario José Luis Manzano, quedó a un paso de obtener el aval legislativo. La Cámara de Diputados, con mayoría de votos, dio media sanción a la ratificación del decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suárez para que la firma empiece a trabajar en la mina de potasio ubicada en Malargüe.

Encuesta: el duro panorama social a días de la elección

En la nota de elevación a la Legislatura, señala que “mediante el Contrato de Transferencia de Acciones se ceden y transfieren a la Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. el 88% de las acciones y a Impulsa Mendoza Sostenible S.A. el 12% restante de las acciones que tiene la Provincia de Mendoza en la sociedad PRC S.A.U.”, indicando además, que la Provincia “adquirió la sociedad a fin de buscar un posible inversor que continúe con la explotación del área”.

En tanto, a través del articulado del decreto, se ratifica el proceso de búsqueda de inversiones y se aprueba el acuerdo de compraventa de acciones. A su vez, manifiesta que se aprueba “el Memorándum de Entendimiento, suscripto entre la provincia de Mendoza representada por el Sr. Gobernador, Dr. Rodolfo Alejandro Suarez, Grupo ARG, y Compañía Minera Aguilar Potasio S.A.”. Este memorándum no es vinculante.

Debate

Jorge López (UCR), informó que “el proyecto de ley que estamos tratando, hace referencia a una ratificación del Decreto 1979 del 2023. Está vinculado a uno de los más grandes proyectos productivos económicos que ha venido trabajando Mendoza en los últimos 20 años, un proyecto económico que debido a una multiplicidad de factores nunca logró concretarse con todos los beneficios económicos que hubiese significado para Mendoza”.

Destacó que se dará “una inversión proyectada entre mil y 1500 millones de dólares. Tendrá empleos asociados a ellos, en forma directa unos 500 operarios, indirectos 1500 puestos de trabajo”.

Por otro lado, el diputado lavallino destacó que “el esquema de la compulsa pública ha permitido lograr los objetivos que se tenían y ha permitido que más de 3 empresas hicieran ofertas y llegaran a las instancias finales, le permitió a Mendoza tener el mayor porcentaje de acciones”.

Y agregó que “la opción que ha sido merecedora de la adjudicación final ha cumplido más de 118 puntos en la graduación final, con estos parámetros de claridad se mostró que la opción de Aguilar y de ARG era la que mejor se adaptaba al proceso para ser socio comercial y para llevar adelante el proyecto”.

Además subrayó que “la provincia ha definido distintas instancias de sanciones para el incumplimiento de las inversiones que están contempladas en este acuerdo, como así también se ha establecido la formación de un fideicomiso, para que si se interrumpe el contrato el paquete accionario vuelva a la provincia”.

La diputada demócrata Mercedes Llano y aliada del libertario Javier Milei, votó en contra. Por otra parte, Jorge Difonso (Unión Popular), estuvo ausente en el recinto, según informaron desde la Cámara Baja.

El líder de Protectora (integrante del Frente de Todos), José Luis Ramón votó en forma negativa. “No hubo un proceso administrativo y legal que asegure y permita que aquellos fondos que provienen de los mendocinos puedan ser controlados por esta Casa de las Leyes, para saber qué se hace, cómo se administra y cómo se dispone de esos fondos”. Subrayó que el estudio de impacto ambiental es insuficiente, ya que se realizó “hace 16 años”, por lo que a su entender, “este proyecto no tiene declaración de impacto ambiental”.

Gustavo Cairo (PRO), opinó que “este proyecto trae alguna reminiscencia de tristeza por su devenir, era una esperanza para Mendoza, lo que ha sucedido en los últimos años habla de la incapacidad de nuestros dirigentes”. Ponderó que “es muy positivo para Mendoza que tengamos este proyecto, que de una vez por todas se explote esta mina que es tan importante para la provincia”.

A su turno, Emanuel Fugazzotto (PV) manifestó el acompañamiento a la iniciativa y destacó: “Me parece importante decir esto: este proyecto se enmarca dentro de la Ley 7722. Obviamente lo que estamos haciendo ahora es la transferencia de acciones, no hay que olvidarnos de eso”. Agregó que “tenemos que trabajar en aportarle más transparencia a los procesos en los cuales empiezan a participar estas empresas que la provincia de Mendoza crea y que desde el aspecto legal, estaría todo bien”.

Germán Gómez (FdT), dijo que “necesitamos más recursos, más personas, pero sobre todo para darle seguridad jurídica que atraiga inversores y que se pueda generar una transformación diferente en la provincia de Mendoza”. Igualmente afirmó que “es tan importante darle desarrollo a la actividad minera en la provincia de Mendoza, lo que generaría una transformación y diversificación particularmente de nuestro producto geográfico, no sólo generando trabajo de manera directa sino también indirecta”.