Potasio Río Colorado: el Gobierno rectificó el decreto y habilitó el acceso a la documentación confidencial

El Gobierno Provincial decidió habilitar este martes el acceso de los detalles de la firma del contrato con la empresa argentina Minera Aguilar SA (liderada por el empresario José Luis Manzano) y la brasileña ARG para la explotación de la mina Potasio Río Colorado.

Si bien el primer decreto firmado y enviado a la Legislatura -el 1979 que fue firmado el 27 de septiembre- omitía la publicación de dos anexos en su artículo 6; este martes se rectificó con un “decreto aclaratorio”, el 2014, con el que se liberó la documentación.

La decisión se tomó luego de una reunión este martes por la mañana en la que participaron el gobernador, Rodolfo Suárez; el gerente general de PRC, Emilio Guiñazú; y los ministros de Gobierno, Víctor Ibáñez; y de Economía, Enrique Vaquié.

Decreto aclaratorio

En los considerandos del nuevo decreto, indicaron que la nota presentada por Nicolás Mallo Huergo en representación de Compañía Minera Aguilar Potasio S.A tenía como objeto “liberar a la Provincia de Mendoza del compromiso de confidencialidad asumido en el contrato de compraventa de acciones de PRC suscripto el día 12 de septiembre de 2023″.

Según informaron desde el Gobierno a Los Andes, el contrato “no tiene nada oculto” y mencionaron que hubo “un problema cuando se firmó el primer decreto por la mañana de ese miércoles; y por la tarde llegó el comunicado de Compañía Minera Aguilar Potasio SA.

En esa nota, se autorizaba a levantar la confidencialidad para la discusión legislativa” siempre y cuando no estuviera relacionada con “información comercial, industrial o tecnológica de las partes o de PRC, cuya protección es necesaria para el desarrollo de la actividad económica de forma competitiva y eficiente”.

De esta manera, marca la nueva norma que “en razón de lo expuesto por Compañía Minera Aguilar Potasio S.A., resulta innecesaria la omisión de la publicación de los mencionados Anexos del Decreto 1979/2023, en tanto su contenido no atañe a información comercial, industrial o tecnológica de las partes”.

No obstante, la confidencialidad persiste de igual manera respecto del proceso de selección y de la información de los otros oferentes que participaron del proceso para intentar quedarse con la mina de sales de potasio.

Los legisladores ya tienen todos los anexos para decidir si ratifican o no la transferencia del 88% de las acciones de la mina Potasio Río Colorado. Si bien el oficialismo tiene los votos necesarios para hacerlo, buscará de igual manera lograr consensos amplios.

Puntos clave

En el decreto original, el 1979, que de igual manera estará vigente, se establecen cuatro puntos importantes: la ratificación del “proceso de búsqueda de inversiones denominado ‘M&A Andrómeda’” por parte del banco suizo UBS; la venta del 88% de las acciones a Compañía Minera Aguilar Potasio SA; la cesión del 12% restante desde la empresa estatal PRC a Impulsa Mendoza (también estatal); y la aprobación de un memorándum de entendimiento.

Como se mencionó, el artículo 1 del decreto ratifica todo “el proceso de búsqueda de lnversiones denominado ‘M&A Andrómeda’ y todo lo actuado” por parte del Gobierno Provincial junto con el banco suizo UBS.

En tanto, el artículo 2 aprueba el “acuerdo de compraventa de acciones de PRC SAU a Compañía Minera Aguilar Potasio SA”; así como también “su acuerdo complementario entre la Provincia de Mendoza, representada por Rodolfo Suárez; y Compañía Minera Aguilar Potasio S.A representada por Ricardo Nicolás Mallo Huergo”.

El artículo 3 hace referencia al resto de las acciones de la provincia (12%), en la cual se aprueba la “cesión de derechos de acciones de PRC S.A.U. de la Provincia de Mendoza a Impulsa Mendoza Sostenible SA, representada por el Gobernador; e Impulsa Mendoza Sostenible S.A. por Enrique Vaquié, ad referéndum de la Legislatura, que como ANEXO I integra el presente decreto”.

Además, el artículo 4 aprueba el “memorándum de entendimiento, suscripto entre la Provincia de Mendoza representada por el Gobernador, Grupo ARG, y Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. que como ANEXO integra el presente decreto”.

Por último, el decreto también remite la norma legal a la Legislatura, que comenzará con su análisis este viernes en comisiones de Hacienda y también Legislación y Asuntos Constitucionales.

De hecho, a las 9.30 estará Vaquié y Guiñazú en un plenario de Economía y Hacienda “para los diputados que quieran participar. La presentación será en el edificio anexo de la Cámara Baja, en calle Espejo.

Por otro lado, el proyecto de Ley en la Legislatura tiene sólo un artículo importante, el cual se limita a ratificar el decreto 1979 “emitido por el Gobierno Provincial el día 27 de septiembre de 2023, el que en copia certificada integra la presente ley como Anexo, vinculado con la aprobación del ACUERDO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES DE PRC S.A.U., celebrado entre la Provincia de Mendoza y Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. y la CESIÓN DE DERECHOS DE ACCIONES DE PRC S.A.U. a IMPULSA MENDOZA SOSTENIBLE S.A.”.

Fin al acceso restringido

Desde la Cámara de Diputados, donde hoy se encuentra el decreto reglamentario, habían asegurado por la mañana de este martes que la documentación completa “sólo la tendrían a su disposición los legisladores”, e incluso habían manifestado también que las reuniones de comisiones serían “a puertas cerradas” por las cláusulas de confidencialidad. Ahora la situación ahora será diferente.

En este sentido, hicieron referencia al documento que envió la Compañía Minera Aguilar al Poder Ejecutivo, en al cual autorizó la divulgación de datos confidenciales del contrato “con la Legislatura Provincial”, pero no con todo el público en general.

No obstante, en la justificación del decreto 2014, desde el Poder Ejecutivo tomaron un fragmento del documento en el cual Compañía Minera Aguilar Potasio SA “reconoce y acepta que la misma no será oponible a la Provincia de Mendoza en tanto pudiera impedir o restringir el derecho de acceso a la información pública conforme es establecido en la Ley 9003 y en la Ley 9070 o implicare el incumplimiento de la normativa de rango constitucional, tanto provincial como nacional, relativa a la publicidad de los actos de gobierno y derecho de acceso a la información pública”.

Es importante recordar también que esta medida de la empresa se dio luego de una intervención del Ejecutivo, el cual había recibido un dictamen de Fiscalía de Estado en el cual solicitó al Gobierno que defina claramente los alcances de la cláusula de confidencialidad con la que se hizo el proceso de selección de la empresa.

Las consideraciones del proceso

En los fundamentos generales del decreto, el Gobierno señala que se “aprobó y realizó un Reglamento General de Búsqueda de lnversiones” para el proyecto de sales de potasio ubicado en Malargüe, en el cual “se establecieron los principios y procedimientos atendibles para la búsqueda de socios y/o inversores para el desarrollo, construcción, explotación y comercialización del yacimiento” a través de la contratación del banco de inversiones UBS Securities, “a fin de realizar la búsqueda de inversores”.

Del resumen de todo el procedimiento llevado adelante por UBS, se concluyó que “basado en la información recibida por parte de todos los participantes y tomando en cuenta los requisitos y condiciones establecidos por PRC, la propuesta de Minera Aguilar se alinea mejor a los objetivos de PRC y sus accionistas”.

Como consecuencia del procedimiento, la comisión evaluadora de todo el proyecto sugirió que se transfirieran “el 88% de las acciones a Compañía Minera Aguilar Potasio S.A y el 12% restante a lmpulsa Mendoza Sostenible S.A.”. Esta última es una sociedad constituida por la estatal PRC SAU y Fundación Pro Mendoza.

Sobre este proceso, marcaron en el Gobierno que “resulta a conveniente transferir las acciones de PRC a lmpulsa Mendoza Sostenible, ya que esta sociedad de la que participará la Provincia tiene el ‘knowhow’ suficiente para poder controlar en el Directorio de PRC, las acciones de ésta”.

Por último, indicaron que “la sociedad PRC se transfiere con las propiedades y derechos mineros para la explotación ubicados en la Provincia de Mendoza, donde desea desarrollar un complejo industrial para la producción de cloruro de potasio, según se contempla en la Manifestación General de lmpacto Ambiental y sus modificatorias y la Declaración de lmpacto Ambiental, las cuales se encuentran plenamente vigentes, al igual que la concesión minera, y sin reclamos por parte de la Provincia a Potasio Río Colorado S.A. ni a PRC S.A.U”.