La familia de mendocino detenido en El Salvador hizo un pedido de “clemencia” al presidente Bukele

La familia de Alejo Arias González (24), el joven mendocino que se encuentra detenido en una cárcel de El Salvador desde junio pasado, le envió una carta al presidente Nayib Bukele solicitando “clemencia”.

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“Estamos con mucha fe, con las pilas puestas en esta carta. Si tiene algo de corazón (Bukele) tiene que acceder sin problemas. Estamos esperando a ver qué pasa”, dijo Mauricio Arias, el padre de Alejo, desde su casa en Rivadavia.

Como la causa judicial se mantiene sin novedades, el conocido abogado porteño Miguel Ángel Pierri recurrió a esta estrategia con la que logró liberar a cuatro ecuatorianos en Estados Unidos, explicó el hombre.

La última noticia que la familia Arias ha tenido del joven se produjo hace unos 15 días, cuando desde la Cancillería se comunicaron con su esposa y le dijeron que habían visitado a Alejo y que se encontraba en buen estado de salud.

Actualmente Alejo se encuentra detenido en el Centro Penal de Jucuapa en distrito de Usulután, una cárcel de seguridad intermedia, ubicada a 200 kilómetros de la capital de El Salvador. Para la justicia de ese país, el joven nacido en Rivadavia es parte de una organización de unos 100 colombianos que, a través de microfinancieras, se habrían llevado a su país unos 20 millones de dólares.

“Acudo ante Usted, en su carácter de Presidente de la República de El Salvador, a presentar especial Pedido de Clemencia en favor de nuestro compatriota Alejo Octavio Arias González, ciudadano argentino que viajó a vuestro país con visa especial por 6 meses contratado para trabajar legalmente en una empresa financiera, y que se encuentra detenido en el Centro Penal de Jucuapa desde el 27 de julio de este año”, arranca el escrito que fue presentado la semana pasada ante las autoridades del país centroamericano.

La carta sostiene que se trata de una “cuestión humanitaria” que conmociona a todo el pueblo argentino, “sin dejar de lado el dolor que ésta situación genera en una madre que confió absolutamente en que su hijo iba a estar seguro, protegidos del flagelo del narcotráfico y la violencia organizada”. Sin embargo este sistema “le ocasionó un perjuicio por desconocer quiénes eran en realidad las personas que lo contrataron para desempeñar un trabajo administrativo en una empresa”

Luego Pierri explica que el rivadaviense era un simple operario administrativo que no poseía ninguna relación con la organización que se presume vinculada con los ciudadanos colombianos titulares de la financiera que lo contrató antes de viajar desde Argentina hacia El Salvador, con la promesa de trabajar legalmente, con pago en dólares y con alojamiento.

“Otro de los problemas que tiene Alejo Octavio Arias González es que comparte alojamiento carcelario con los ciudadanos colombianos dueños de la empresa prestamista que fueran sus jefes, y es por eso que el silencio obligado que debe mantener para así resguardar su vida dentro de la cárcel puede costarle muchos años de su vida encerrado”, dice el documento.

Luego ofrece un perfil de Alejo: “es un argentino, ciudadano modelo y sin antecedentes penales, que estudiaba el 2° año de Licenciatura en Radiología en la Universidad del Congreso de Mendoza, y dado que la situación económica del país tornó impagable sus estudios, él decidió interrumpir su carrera por la posibilidad que se le presentó de esta empresa salvadoreña que lo contrataba por 6 meses, con lo que podría retomar sus estudios a su regreso.

“Es así que Alejo vendió su automóvil para poder comprar el pasaje hacia El Salvador y fue entonces cuando comenzó a trabajar y ahorrar para volver a su país, hecho que iba a concretar a fin del mes de julio, pero no llegó a realizarlo dado que fue detenido a mitad de ese mes”.

la carta hace referencia a la justicia de El Salvador no habría cumplido con las leyes vigentes en ese país pues no se habría cumplido con los derechos que asisten al joven detenido, según la constitucion vigente.

El caso

Para la Justicia salvadoreña, Arias es parte de una red de estafadores conformada por más de 100 personas, en su mayoría colombianos, además de tres salvadoreños y un guatemalteco. Según las autoridades, los detenidos habrían organizado algunas microfinancieras de forma ilegal y otorgaban créditos que cobraban luego a través de amenazas.

Para las autoridades centroamericanas, el fin último de la organización era enviar a Colombia cantidades millonarias de dinero, movimientos que estarían relacionados con el narcotráfico y las pandillas. Dicen que desde 2021 habrían enviado a su país 20 millones de dólares.

Alejo llegó a El Salvador el 6 de marzo pasado para trabajar como cobrador en una financiera dirigida por ciudadanos colombianos, a través de un contacto familiar que le consiguió ese trabajo.

Cobraba 600 dólares por mes –en pagas semanales de 150- y su idea era estar seis meses o tal vez un año para ahorrar dinero y seguir con sus estudios. Había terminado segundo año de Diagnóstico por imágenes y la idea era ahorrar dinero para poder seguir con sus estudios en Mendoza.

Pero el 14 de julio pasado fue detenido junto a otras 40 personas y enviados a la cárcel El Penalito, una instalación policial ubicada en San Salvador, capital del país.

En agosto pasado, en una audiencia colectiva y con la presencia de sólo cuatro abogados, a 40 detenidos se les dictó la prisión preventiva por seis meses por una grave acusación: asociación ilícita, lavado de activos y receptación (recibir, adquirir, ocultar o aprovecharse de los efectos de hecho delictivos). La prisión preventiva podría extenderse por medio año más, siempre bajo la modalidad de incomunicado. Además, pasará a otra cárcel donde no se permiten celulares y el régimen es más férreo.

“A los procesados se les atribuyen los delitos de lavado de dinero y activos, receptación y agrupaciones ilícitas. La audiencia de imposición de medidas se llevó a cabo en el Tribunal 6 Contra el Crimen Organizado”, informó vía Twitter la Fiscalía General de la República de El Salvador.