No debe ocurrir que el corrupto quede impune

El kirchnerismo duro sigue recibiendo malas noticias de la Justicia. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Julio de Vido, exministro de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, en una causa vinculada a la tragedia de Once.

Recordemos que en febrero de 2012, un tren de la línea Sarmiento chocó al entrar en la estación de Once, en Buenos Aires. Hubo 52 muertos y unos 800 heridos.

En el primer tramo del juicio, fueron condenados Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte, y otros 20 acusados.

Esa sentencia quedó firme este año por decisión de la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha se ha expresado sobre la condena que recibió Ricardo Jaime.

En este segundo tramo del juicio, una vez más la Cámara entendió que de Vido no controló a las firmas que tenían la concesión del servicio, lo que ocasionó un grave perjuicio al Estado.

En consecuencia, lo calificó como un cómplice necesario.

Familiares de las víctimas de Once, algunas organizaciones sociales que los apoyaron y hasta dirigentes de la oposición, supieron sintetizar en una consigna sumamente expresiva la raíz del problema: “La corrupción mata”, dijeron.

Fue, se puede afirmar claramente, una condena política y social que tuvo un alto impacto en la esfera pública, al tiempo que se proyectaba hacia el ámbito judicial.

Pues bien, la Justicia, a su manera, ha interpretado la cuestión en ese mismo sentido, tanto en primera como en segunda instancia.

Aunque seguramente, la defensa del exministro tratará de llegar a la Corte Suprema, como en su momento lo intentó el exvicepresidente Amado Boudou.

A principios de diciembre, la Corte falló contra el recurso extraordinario que presentó Boudou. Lo más probable es que a de Vido lo espere el mismo destino.

Hay otras causas que también complican al exministro: la de Río Turbio, la del “gas licuado” y los “cuadernos de la corrupción”, donde la Cámara de Casación recientemente validó los testimonios de los arrepentidos.

Como el kirchnerismo no puede estructurar una defensa técnica, digamos, que invalide las pruebas que en estas causas se acumulan en contra de los acusados, esgrime la teoría del lawfare, esbozada por Cristina Fernández con el apoyo de algunos juristas.

Por obra de este “relato”, los políticos presos devienen presos políticos y la corrupción se torna una patraña del “partido mediático judicial” para perjudicar al único proyecto político que en los últimos 15 años habría gobernado a favor de todos y todas.

Es por ello que, a medida que aumentan los dictámenes judiciales en contra de los funcionarios de aquellos gobiernos, más se desespera el kirchnerismo y más presiona sobre Alberto Fernández en busca de una solución imposible.

¿Cómo reaccionaría la sociedad si el Presidente interviniera en estas causas para anular o revertir estas sentencias?

Como todo delito, aunque se tomen las prevenciones del caso, la corrupción es algo que puede ocurrir. Lo que no debe suceder es que el corrupto quede impune.