Drones, cámaras, patrulleros inteligentes... y un teléfono cortado

Fue en mayo de 2016. Alfredo Cornejo llevaba seis meses de gobierno y anunciaba una de sus apuestas para gestionar la seguridad en la provincia: la incorporación de “móviles inteligentes” para la Policía, equipados entre otras cosas con cámaras de video y un dispositivo para tomar huellas digitales.

Desde entonces, en el Ministerio de Seguridad vienen repitiendo que el delito no se combate con más policías en las calles sino con más tecnología, porque “cambió el paradigma”. Primero con Cornejo y ahora con Rodolfo Suárez, con quien varios funcionarios cornejistas tuvieron continuidad en el área (como Néstor Majul y el propio jefe de la Policía, Roberto Munives), muchos actos de gobierno en materia de seguridad tienen que ver con mostrar inversiones en equipamiento de última generación.

Allí están el banco de huellas genéticas de delincuentes, los sistemas de identificación facial y de patentes que llevan los móviles policiales, identificadores dactilares portátiles, servidores para almacenamiento de imágenes, una flota de drones y, la última novedad, la puesta en marcha de un Observatorio de Seguridad Ciudadana para llevar la gestión a la era del big data, la minería de datos y el análisis predictivo de la información disponible.

Lo paradójico es que este arsenal tecnológico, que nadie puede discutir que es una buena inversión en pleno siglo XXI, resultó insuficiente para “predecir” el femicidio de una adolescente de 14 años, un hecho que -hoy sabemos- fue anticipado por una llamada al 911 que la operadora de turno, con tres años de funciones en ese rol, no supo (o no quiso) escuchar con el protocolo obligatorio para este tipo de comunicaciones.

Esa llamada cortada que los funcionarios insisten en adjudicar a una fruta podrida y no a todo el árbol que constituye el sistema del CEO policial, terminó mostrando una vez más que no hay máquina, por más sofisticada que sea, capaz de salvar el error humano. Un error que en materia de seguridad, como dijo ayer Munives en la conferencia de prensa, es inadmisible. Porque esa pieza que falla afecta a todo el sistema. Y la horrible muerte de Florencia Romano podría haber sido una consecuencia.

Si la tecnología está a la altura de las necesidades, ¿falta formación en las fuerzas de seguridad de Mendoza? En el Ministerio sostienen que “las capacitaciones, la especialización y la disciplina del recurso humano” es otro de los pilares del nuevo paradigma con el que gestionan. Resulta paradójico entonces que dos de las diplomaturas que se dictaron este año en el Instituto Universitario de Seguridad Pública, donde se forman los futuros policías, hayan sido en perspectiva de género y ciberdelito. Casualmente, los dos aspectos que fallaron en el caso Florencia.

De esto se agarra ahora la oposición política, junto con organizaciones feministas, para pedir las cabezas de Munives y del ministro Raúl Levrino. A ambos ayer el Gobierno los respaldó implícitamente al ponerlos a defender, en conferencia de prensa, la actuación de la Policía en el caso y también la ausencia de fuerzas de seguridad en la marcha del viernes, que terminó con violentos desmanes a cargo de “extremistas”, como los llamó Levrino.

Gracias a la tecnología, esos vándalos están identificados y será cuestión de horas para que la Justicia vaya tras ellos. También está tras las rejas el femicida de Florencia, por eso el Gobierno insiste en que se actuó bien. ¿Caso cerrado? Quizás para la Justicia, pero no para quienes ya no tienen con ellos a su hija, a su hermana, a su amiga. Una vida muy joven que un teléfono cortado tal vez pudo haber salvado.